
Como era de esperar, al final se ha impuesto la lógica y tras dos días y medio,
el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido por una aplastante mayoría de 22 votos a favor y sólo 7 en contra que no es posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia respecto a Educación para la Ciudadanía, lo que convierte esta asignatura en obligatoria.
El Supremo ha fallado sobre los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que reconocía el derecho de los padres a la objeción de conciencia, sin necesidad de detallar en qué puntos estaban en desacuerdo con la asignatura, y las del Tribunal Superior de Asturias, que desestimaron la objeción porque los padres demandantes no concretaron en qué puntos discrepaban.
A mí, ¿qué quieren que les diga?, me satisface muchísimo la sentencia porque con ella se está respaldando una asignatura que puede o no gustar, pero que en absoluto debería ser motivo para tanta movilización social ni controversia.
Lo que verdaderamente les escuece a algunos de esta asignatura, dejémonos de hipocresías, es que ha sido planteada en un plan de estudios diseñado por un gobierno socialista, puesto que quienes la critican, desconocen su contenido, como se ha podido deducir del contenido de la sentencia.
Como padre de alumnos en edad estudiantil, lo que me preocupa es que mis hijos salgan de secundaria sin saber escribir ni leer correctamente, con faltas ortográficas y sin un nivel óptimo de conocimientos y cultura.
Creo que es muchísimo más preocupante la merma sistemática en los niveles de educación de unos años para acá, que el hecho de estudiar o no Educación para la Ciudadanía, así que no me subo al carro de los que niegan esta asignatura, ni secundo el posicionamiento absurdo de un determinado partido político, hoy en la oposición.
Pienso que deberíamos de preocuparnos de cosas más importantes que de ésta porfía sobre la tan cuestionada asignatura. Independientemente de ello, guste o no guste, hoy por hoy es ilegal impedir que los alumnos reciban esta educación, de la misma manera que negarse a que se formen en matemáticas, lengua, historia, física, química y tantas otras asignaturas, entre las que incluyo religión, la cual debería estar al alcance de todo aquel que desee recibirla, con independencia del credo que profese.
De hecho, ha sido eso exactamente lo que ha dictaminado el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo, llegando a la conclusión de que en los casos estudiados no existe el derecho a la objeción de conciencia, pues los decretos tan cuestionados sobre Educación Secundaria, no perjudica el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.La mayoría de las denuncias existentes, han sido más bien un problema de tolerancia y democracia, pues la oposición de este país acostumbra, como estamos viendo, a radicalizar siempre sus protestas como estrategia política, aunque se ha demostrado que eso es un error. Díganme si no, ¿qué es eso de obligar a estudiar a los alumnos esta asignatura en Inglés en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP? ¿No es eso poner trabas? ¿Acaso en eso cosiste gobernar con responsabilidad? ¿En complicarles la vida a los estudiantes? A veces no entiendo nada de nada.
el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido por una aplastante mayoría de 22 votos a favor y sólo 7 en contra que no es posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia respecto a Educación para la Ciudadanía, lo que convierte esta asignatura en obligatoria.
El Supremo ha fallado sobre los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que reconocía el derecho de los padres a la objeción de conciencia, sin necesidad de detallar en qué puntos estaban en desacuerdo con la asignatura, y las del Tribunal Superior de Asturias, que desestimaron la objeción porque los padres demandantes no concretaron en qué puntos discrepaban.
A mí, ¿qué quieren que les diga?, me satisface muchísimo la sentencia porque con ella se está respaldando una asignatura que puede o no gustar, pero que en absoluto debería ser motivo para tanta movilización social ni controversia.
Lo que verdaderamente les escuece a algunos de esta asignatura, dejémonos de hipocresías, es que ha sido planteada en un plan de estudios diseñado por un gobierno socialista, puesto que quienes la critican, desconocen su contenido, como se ha podido deducir del contenido de la sentencia.
Como padre de alumnos en edad estudiantil, lo que me preocupa es que mis hijos salgan de secundaria sin saber escribir ni leer correctamente, con faltas ortográficas y sin un nivel óptimo de conocimientos y cultura.
Creo que es muchísimo más preocupante la merma sistemática en los niveles de educación de unos años para acá, que el hecho de estudiar o no Educación para la Ciudadanía, así que no me subo al carro de los que niegan esta asignatura, ni secundo el posicionamiento absurdo de un determinado partido político, hoy en la oposición.
Pienso que deberíamos de preocuparnos de cosas más importantes que de ésta porfía sobre la tan cuestionada asignatura. Independientemente de ello, guste o no guste, hoy por hoy es ilegal impedir que los alumnos reciban esta educación, de la misma manera que negarse a que se formen en matemáticas, lengua, historia, física, química y tantas otras asignaturas, entre las que incluyo religión, la cual debería estar al alcance de todo aquel que desee recibirla, con independencia del credo que profese.
De hecho, ha sido eso exactamente lo que ha dictaminado el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo, llegando a la conclusión de que en los casos estudiados no existe el derecho a la objeción de conciencia, pues los decretos tan cuestionados sobre Educación Secundaria, no perjudica el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.La mayoría de las denuncias existentes, han sido más bien un problema de tolerancia y democracia, pues la oposición de este país acostumbra, como estamos viendo, a radicalizar siempre sus protestas como estrategia política, aunque se ha demostrado que eso es un error. Díganme si no, ¿qué es eso de obligar a estudiar a los alumnos esta asignatura en Inglés en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP? ¿No es eso poner trabas? ¿Acaso en eso cosiste gobernar con responsabilidad? ¿En complicarles la vida a los estudiantes? A veces no entiendo nada de nada.