Es innegable el beneficio
que ha traído consigo la utilización para fines políticos de las redes
sociales, especialmente para los “usuarios” de ese tipo de política mediática, que obtienen una gran accesibilidad al cargo
público, del que disponen a golpe de tecla.
En este sentido, la enorme
facilidad que aportan para la comunicación ciudadana en el traslado de
sugerencias, ideas, quejas, etc…, en
tiempo real de la información, supone un innegable avance social, puesto que se obliga al político a estar
atento las veinticuatro horas del día, y
a reaccionar de manera inmediata, ofreciendo respuestas.
A decir verdad, hay que
reconocer que la Administración Pública no está preparada para esta inmediatez
de la información y de la respuesta rápida requerida, porque el procedimiento
administrativo está carente de cualquier tipo de “vehemencia” ejecutiva.
El procedimiento, visto así, podría entenderse como un elemento que ralentiza la ejecución de la
respuesta política, y algunos pueden llegar a pensar de él que es un elemento
entorpecedor, que estorba y encarece la ejecución de la solución, pero esta
idea es errónea de base, puesto que esa carencia de procedimiento que requiere
la respuesta inmediata demandada hoy día por las redes sociales, elimina
cualquier garantía, y por ende, cabe el riesgo de perder los buenos principios y la buena gestión.
La respuesta inmediata a la
que nos vemos cada vez más evocados los políticos, nos puede llevar a actuar con tanta temeridad que
origine, sin pretenderse, y posiblemente desde la buena voluntad, situaciones
de injusticia e ilegalidad.
Por otra parte, esta
política inmediata, como resultado de la presión mediática y las redes
sociales, puede derivar en una práctica de agresión, no ya contra los derechos
generales y la legalidad, sino contra los propios usuarios, tanto administrador
como administrados, por la manera de interactuar entre ambos, tan descontrolada e irregulada. Todo no puede ser urgente.
Por principio, las nuevas
generaciones, cada vez más adictas a este tipo de proceder, se olvidan de la política tangible, de la que
se deriva otros beneficios mucho más estructurales, como pueden ser el
compromiso real, la responsabilidad, e incluso la amistad.(Por no referirme a la salud, que están los infartos a la orden del día)
La actuación en redes
sociales, puede lamentablemente derivar en compulsión y obsesión crítica, confundiéndose
esto con acción política, cuando podría
tratarse de una adicción enfermiza que deriva a veces en comportamientos irrespetuosos,
e incluso enfermizos, ya que es mucho más fácil expresarse de manera irresponsable e irrespetuosa
desde el anonimato de un alias en un chat, por la carencia normativa con la que cuenta el trasgresor, que hacerlo cara a cara.
Personalmente pienso que para
correr no debemos olvidarnos de poner
los pies en el suelo, porque si no lo hacemos así, sin lugar a dudas, terminaremos
dándonos de bruces en el suelo. Con esto, lo que pretendo afirmar es que el uso
de las redes sociales y los medios en la política, es un adelanto social
importante que aporta muchos beneficios, pero que no todo es bueno, pues este
fenómeno también tiene carencias y deficiencias que pueden perjudicar los
intereses generales y el de las personas.
Todo puede ser bueno o
malo, dependiendo de la manera en que se utiliza, por ello considero que no
sería mala idea regular esta cuarta dimensión, donde casi todo está por
estrenar, convencido firmemente de la necesidad de implantar ese procedimiento
nuevo, quizás menos burocrático y más directo, pero que aporte las garantías necesarias
que afianza nuestro sistema. El
procedimiento es necesario, la inmediatez un beneficio, y la vehemencia una
temeridad.
Ignacio Bermejo
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