Según un informe reciente de la Fundación Sindical de Estudios (FSE) de CCOO, se agranda la brecha salarial entre ejecutivos y trabajadores propiciando una importante estratificación social que hace peligrar la clase media.
Los salarios de los altos cargos crecieron en 2007 un 30,9%, porcentaje proporcional al beneficio de las empresas, el cual se ha reconocido oficialmente en un 26,6%, cuando las nóminas de los asalariados sólo aumentaron un ridículo 3,4%.
Ante estos datos, cabría preguntarse si las políticas sociales del Ejecutivo son propias de un Gobierno de izquierdas, más aún, teniendo en cuenta que en el mismo estudio se informa de un incremento en 2008 por encima de la inflación de todos los precios de bienes básicos intervenidos directamente por el Estado, como son la electricidad, el gas, el agua o el trasporte. Le están haciendo la cama a ZP.
Es posible que esta brecha salarial sea debida, en parte, a la creciente precariedad en el mercado de trabajo, donde se impone niveles salariales realmente bajos como consecuencia de la contratación masiva de mujeres, jóvenes e inmigrantes, colectivos sociales cuya labilidad los excluye de la reivindicación sindical en defensa de sus derechos laborales. Estos suman el 80% de la clase activa española, y su precariedad está dejando al descubierto la acción capitalista que no duda, ante la inexistencia de presión social por la lucha de los intereses de las clases menos desfavorecidas, en apropiarse de la mayor porción de beneficios.
Es la película de siempre: Las revoluciones pasadas están caducadas y no tienen efecto real. Eso da pie a un abaratamiento salarial generalizado que redunda en mermar el nivel adquisitivo de los más pobres, por tanto, un menor consumo, mayores precios, y obviamente, la crisis. Fenómeno que podría ser, y de hecho estoy convencido de ello, el arma secreta con que el capitalismo ataca al estado de derecho para hacer fracasar un gobierno progresista, como el de ZP.
Al no repartirse con mayor justicia los beneficios empresariales, se están consolidando las grandes fortunas, y los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres y por otro, que los trabajadores sean, en definitiva, más pobres de lo que eran en 2006.
La sensación es que la economía está pasando un bache y se tambalea. Pero ¿estos agentes macroeconómicos, estos poderes fácticos, no tendrán algo que ver en todo esto? ¿Cómo se podría controlar y corregir? Para mí, sólo existen dos maneras. De nuevo me remito a la historia para responder. La primera, con la aplicación de un mayor intervensionismo del estado, controlando y comprobando los beneficios empresariales, procurando que no se puedan evadir impuestos, para propiciar de alguna forma que paguen más los que más tienen. Las grandes fortunas son siempre las que en proporción pagan menos impuestos. Eso es bien sabido por todos, pues el capital cuenta siempre con el asesoramiento de los mejores profesionales para que eso sea siempre así. El Estado ha de proteger al ciudadano de estas prácticas, que al contrario de producir riqueza y empleo en el país, que para eso están las empresas, lo empobrecen y lo desmantelan. En segundo lugar, rompiendo el clima de conformismo de las clases más bajas, radicalizando las reivindicaciones sindicales. Enrarecer el clima social, enseñando los dientes y reclamando un reparto más equitativo. No hay otra forma.
Los salarios de los altos cargos crecieron en 2007 un 30,9%, porcentaje proporcional al beneficio de las empresas, el cual se ha reconocido oficialmente en un 26,6%, cuando las nóminas de los asalariados sólo aumentaron un ridículo 3,4%.
Ante estos datos, cabría preguntarse si las políticas sociales del Ejecutivo son propias de un Gobierno de izquierdas, más aún, teniendo en cuenta que en el mismo estudio se informa de un incremento en 2008 por encima de la inflación de todos los precios de bienes básicos intervenidos directamente por el Estado, como son la electricidad, el gas, el agua o el trasporte. Le están haciendo la cama a ZP.
Es posible que esta brecha salarial sea debida, en parte, a la creciente precariedad en el mercado de trabajo, donde se impone niveles salariales realmente bajos como consecuencia de la contratación masiva de mujeres, jóvenes e inmigrantes, colectivos sociales cuya labilidad los excluye de la reivindicación sindical en defensa de sus derechos laborales. Estos suman el 80% de la clase activa española, y su precariedad está dejando al descubierto la acción capitalista que no duda, ante la inexistencia de presión social por la lucha de los intereses de las clases menos desfavorecidas, en apropiarse de la mayor porción de beneficios.
Es la película de siempre: Las revoluciones pasadas están caducadas y no tienen efecto real. Eso da pie a un abaratamiento salarial generalizado que redunda en mermar el nivel adquisitivo de los más pobres, por tanto, un menor consumo, mayores precios, y obviamente, la crisis. Fenómeno que podría ser, y de hecho estoy convencido de ello, el arma secreta con que el capitalismo ataca al estado de derecho para hacer fracasar un gobierno progresista, como el de ZP.
Al no repartirse con mayor justicia los beneficios empresariales, se están consolidando las grandes fortunas, y los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres y por otro, que los trabajadores sean, en definitiva, más pobres de lo que eran en 2006.
La sensación es que la economía está pasando un bache y se tambalea. Pero ¿estos agentes macroeconómicos, estos poderes fácticos, no tendrán algo que ver en todo esto? ¿Cómo se podría controlar y corregir? Para mí, sólo existen dos maneras. De nuevo me remito a la historia para responder. La primera, con la aplicación de un mayor intervensionismo del estado, controlando y comprobando los beneficios empresariales, procurando que no se puedan evadir impuestos, para propiciar de alguna forma que paguen más los que más tienen. Las grandes fortunas son siempre las que en proporción pagan menos impuestos. Eso es bien sabido por todos, pues el capital cuenta siempre con el asesoramiento de los mejores profesionales para que eso sea siempre así. El Estado ha de proteger al ciudadano de estas prácticas, que al contrario de producir riqueza y empleo en el país, que para eso están las empresas, lo empobrecen y lo desmantelan. En segundo lugar, rompiendo el clima de conformismo de las clases más bajas, radicalizando las reivindicaciones sindicales. Enrarecer el clima social, enseñando los dientes y reclamando un reparto más equitativo. No hay otra forma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario